Se abrieron oficinas del Órgano Administrativo Local en todas las comunas, y se sumaron personal y autos, pero el grueso de las medidas implementadas por el Pacto quedaron  puestas en jaque por la falta de presupuesto y la ausencia de una Ley Provincial de la Niñez que permita ejecutar los fondos de manera ágil, atento a las urgencias que pueden darse en esta materia. Hoy los recursos disponibles tienen el mismo  engorroso proceso para resolver una emergencia en un OAL que para hacer una ruta provincial. 

La inacción legislativa provocó que la DINAF siguiera manejando los $236 millones asignados en 2014, cuando había presupuestado casi $100 millones más para darle forma al plan e incorporar más profesionales. Es decir, no sólo no cuenta con los recursos, sino que tampoco se cumplió el compromiso para tratar la nueva ley para la infancia, necesaria para desarrollar las reformas dispuestas en el Pacto.

En la práctica, esto significa que en Guaymallén, la movilidad para salir a una urgencia a cualquier hora del día no esté garantizada o que los trabajadores sociales aún sean contratados, sin el respaldo legal correspondiente, de acuerdo con las derivaciones que pueden traer las intervenciones en casos de violencia intrafamiliar. O como sucede en Maipú, que las oficinas del OAL son muy pequeñas para contener a unas 100 personas que pasan a diario por allí, que esperan horas para su atención. 

Otra falencia es la falta de tiempo material y de máquinas para cumplir con el legajo único para ingresar a los chicos al sistema, de modo tal de no revictimizarlos al pasar de un área de gobierno a otra, ni perderlos de vista en el proceso de abordaje, con el riesgo de que el pequeño vuelva a ser agredido por sus cuidadores.

Desde noviembre hasta ahora, fueron ingresados más de 3.000 expedientes en el sistema informático, involucrando a unas 12 mil personas. Es decir, se toman los datos del niño y también de sus familiares directos o del entorno, según información aportada por la Dirección de Sistema de Información y Monitoreo de Desarrollo Social. Pero estos expedientes son los “nuevos hechos”. Lo anterior a noviembre pasado aún no está cargado. El talón de Aquiles de este sistema es que el legajo único se hace una vez ingresada la denuncia, tras sufrir el niño los golpes, abandono o desnutrición, todos hechos que suelen activar las alarmas del OAL, pero no de forma preventiva.

En el caso puntual del bebé de tres meses internado el martes en el Notti y tomando solo la información dada por el Gobierno, que no es la totalidad de la historia, puede verse cómo su mamá adolescente es víctima de violencia de género y  bajo ese estado emocional demostró no poder cuidar a su primer bebé porque ella misma no tiene actitudes de autocuidado. Por eso, ese pequeño está bajo la guarda de la abuela materna. Luego del segundo nacimiento, muy cercano al primero, se le dictó una medida de excepción para albergarla en un hogar de la DINAF, pero aún así, no pudieron prevenir el maltrato hacia el bebé.

Desde la DINAF

Patricia Spoliansky, titular de la DINAF, dijo: “Comparto el reclamo de mayor presupuesto que hicieron los trabajadores del OAL en la Legislatura, no sólo para tener el presupuesto adecuado a la tarea, sino en el modo de ejecución. Ahora, hay avances que podemos contar. Antes teníamos 8 oficinas del OAL y ahora son 18. De tener 4 operadores por cada una, pasamos a tener 10 o 12. Por eso es lógico el reclamo de hacinamiento, porque los lugares fueron pensados para menos personal. Si bien no hay autos para todos, cada lugar tiene un auto disponible y si no está, existe la posibilidad de poder moverse en taxi. Es decir, el trabajo ante la urgencia se está haciendo, no dejamos de acudir ante un pedido de ayuda. Y sí, es cierto: es necesario regularizar a los trabajadores”.

►Lo que falta. El legajo único de cada chico sólo avanzó y en parte, dentro de la DINAF. Aún no incluye ni el 102 (número de teléfono), ni a la Justicia, ni salud, ni educación. Dicen que el segundo semestre 2015, el 102 será incorporado al sistema y en la segunda y la tercera etapas, la DGE y Salud, y por último, la Justicia.